La Guerra de la Independencia Española.

 

La guerra no empezó de golpe. No nació únicamente en las calles de Madrid, ni en el humo de los fusiles del 3 de mayo, ni en los caminos polvorientos donde los soldados franceses comenzaron a descubrir que España no iba a ser una provincia obediente de su Premier Empire. Antes de que el pueblo comenzara a gritar en las calles de Madrid, antes de que las campanas tocaran a rebato y antes de que los nombres de Bailén, Zaragoza, Valencia, Cádiz o Arapiles quedaran escritos con sangre en la memoria del país, la guerra ya se estaba gestando en los despachos, en las intrigas de palacio y en las ambiciones de un emperador que había aprendido a mover su influencia por Europa como si fuera un tablero de ajedrez.

El 27 de octubre de 1807, España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau. Sobre el papel, el acuerdo parecía servir a un propósito concreto: permitir el paso de tropas francesas por territorio español para invadir Portugal, reino que se había negado a cumplir el bloqueo continental decretado por Napoleón contra el comercio británico. Portugal era el objetivo declarado. España, en apariencia, una aliada necesaria.

Pero Napoleón Bonaparte rara vez miraba una frontera sin imaginar la siguiente.

Coronado emperador de los franceses en 1804, dueño ya de buena parte de Europa y árbitro temido de reyes, príncipes y ejércitos, Napoleón sabía que la península ibérica era demasiado importante para dejarla en manos de una monarquía débil. En España reinaba Carlos IV, hombre poco inclinado a cargar con el peso diario del gobierno. A su alrededor, la corte era un hervidero de intereses, lealtades cambiantes y silencios calculados. La reina María Luisa de Parma ejercía una influencia decisiva, y el poder efectivo recaía en gran medida sobre Manuel Godoy, secretario de Estado, favorito real y figura cada vez más odiada.

Godoy despertaba una desconfianza profunda. Su ascenso, su proximidad a los reyes, su autoridad y los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la reina lo convirtieron en blanco de la sátira, el desprecio y la sospecha. Para muchos nobles, militares y eclesiásticos, Godoy no era solo un ministro impopular: era el símbolo de una monarquía degradada.

Frente a él crecía la figura del príncipe Fernando, hijo de Carlos IV. Sus partidarios lo presentaban como la esperanza de regeneración, el heredero capaz de apartar a Godoy y devolver dignidad a la Corona. Poco importaba que aquella esperanza estuviera hecha también de propaganda, ambición y resentimiento cortesano. En tiempos de miedo y sufrimiento, los pueblos y las cortes necesitan creer en alguien.

Godoy había apoyado el Tratado de Fontainebleau con interés evidente. La futura división de Portugal contemplaba la creación del Principado de los Algarves, destinado a su propia familia. Pero mientras en Madrid algunos soñaban con recompensas territoriales, Napoleón veía una ocasión mucho mayor. Las tropas francesas, autorizadas a cruzar España con destino a Portugal, comenzaron a ocupar puntos estratégicos del país. Entraban como aliadas, pero se comportaban como dueñas de los caminos, de las fortalezas y de las ciudades.

Entonces empezó a extenderse una inquietud difícil de ocultar.

El pueblo veía soldados extranjeros donde antes no los había. Las autoridades dudaban. La corte desconfiaba de sí misma. Los partidarios de Fernando conspiraban contra Godoy. Los franceses avanzaban con demasiada tranquilidad. Y España, sin declararse todavía en guerra, comenzó a sentirse invadida.

En marzo de 1808, la familia real se trasladó a Aranjuez. Godoy aconsejaba preparar una posible salida hacia las colonias americanas si la situación empeoraba, como había hecho la corte portuguesa al embarcar rumbo a Brasil. Pero aquel movimiento, lejos de tranquilizar a nadie, encendió el miedo y la ira. Para muchos, la marcha de los reyes no parecía una prudente retirada, sino que era una huida.

La noche del 17 al 18 de marzo estalló el Motín de Aranjuez. El pueblo, alentado por los enemigos de Godoy y por los partidarios del príncipe Fernando, asaltó la residencia del favorito. La revuelta exigía su caída y la abdicación de Carlos IV. Godoy fue detenido. Carlos IV cedió la corona a su hijo el 19 de marzo. Fernando pasó a reinar como Fernando VII.

Por un instante, muchos creyeron que el problema estaba resuelto.

Pero Napoleón no había enviado sus tropas a España para contemplar un cambio de rey.

A comienzos de mayo de 1808, en Bayona, el emperador francés convirtió la crisis dinástica española en una trampa. Fernando VII fue presionado para devolver la Corona a su padre; Carlos IV, a su vez, cedió sus derechos a Napoleón. Entre el 5 y el 6 de mayo, la monarquía española fue despojada de sí misma mediante una cadena de abdicaciones forzadas. Napoleón entregó después el trono a su hermano José Bonaparte, que pasaría a la historia española como José I.

Las llamadas abdicaciones de Bayona no fueron solo un episodio diplomático. Fueron una humillación nacional. Un reino antiguo, con sus leyes, sus Cortes, sus nobles, sus virreinatos, sus Grandes, sus ciudades y sus memorias, había sido tratado como una pieza intercambiable en el tablero imperial.

La gravedad de aquellos días quedó reflejada en cartas, proclamas y testimonios escritos desde Bayona y desde Madrid. En ellos se percibe la perplejidad de una nación que todavía no sabía si obedecer, resistir o esperar. Pero la espera duró poco.

El 2 de mayo de 1808, Madrid se levantó.

La chispa prendió cuando el pueblo intentó impedir la salida de los últimos miembros de la familia real hacia Francia. La presencia de las tropas napoleónicas en la capital, la arrogancia de los mandos franceses y la sensación de traición desataron una violencia que llevaba semanas acumulándose. Hombres y mujeres de condición humilde, artesanos, criados, soldados aislados y vecinos sin más armas que navajas, piedras o viejos fusiles se lanzaron contra el ejército más poderoso de Europa.

El mariscal Joachim Murat, cuñado de Napoleón y jefe de las tropas francesas en España, respondió con dureza. Su proclama amenazaba a quienes portaran armas, se reunieran en grupos o se opusieran al nuevo orden. Al día siguiente, la represión cayó sobre Madrid con una brutalidad destinada a servir de ejemplo. Los fusilamientos del 3 de mayo dejaron en la memoria española una imagen de horror que Goya inmortalizaría después, tanto en sus pinturas como en la serie de grabados «Los desastres de la guerra».

Pero el terror no apagó la revuelta.

Al contrario: la extendió.

Burgos, León y otras ciudades comenzaron a agitarse. En pocas semanas, el levantamiento se propagó por buena parte del territorio. Allí donde las instituciones tradicionales parecían paralizadas o sometidas, surgieron juntas locales. Aquellas juntas se presentaban como depositarias de la soberanía en ausencia del rey legítimo. Con el tiempo se organizaron en juntas provinciales y, finalmente, dieron lugar a la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que trató de coordinar la resistencia, ordenar la guerra, recaudar recursos y sostener la legitimidad de Fernando VII frente a José Bonaparte.

España quedó dividida.

Por un lado, estaban los afrancesados, partidarios del nuevo régimen o, al menos, colaboradores con él. Algunos lo fueron por convicción reformista, atraídos por las ideas ilustradas, por la posibilidad de modernizar el Estado y por la promesa de acabar con viejas estructuras del Antiguo Régimen. Otros actuaron por prudencia, por interés, por miedo o por simple deseo de sobrevivir. No todos eran traidores ni todos eran idealistas. La guerra, como casi todas las guerras civiles encubiertas bajo una guerra exterior, obligó a elegir incluso a quienes no deseaban elegir.

Por otro lado, estaban los patriotas, enemigos de la ocupación francesa y defensores de Fernando VII, de la religión, de las leyes tradicionales o de una idea nueva y todavía confusa de nación. Entre ellos convivían absolutistas, liberales, campesinos, frailes, nobles, militares profesionales, guerrilleros y gentes que no sabían de política, pero sí sabían que no querían soldados extranjeros mandando en su tierra.

La primera fase de la guerra sorprendió a los franceses. Entre mayo y el otoño de 1808, las tropas imperiales intentaron consolidar la ocupación, pero encontraron una resistencia mucho más feroz de la prevista. Zaragoza se convirtió en símbolo de tenacidad. Valencia resistió. Y en julio de 1808, la batalla de Bailén supuso un golpe inesperado: un ejército francés fue derrotado en campo abierto por fuerzas españolas. Aquella victoria obligó a los franceses a replegarse hacia el norte y demostró a Europa que los ejércitos de Napoleón no eran invencibles.

El emperador recibió la noticia con irritación.

España, que él había creído fácil de dominar, se había convertido en un incendio. Las comunicaciones entre los mandos franceses revelan la sorpresa y el enojo ante aquel fracaso. Napoleón decidió intervenir personalmente. Llegó a la frontera en noviembre de 1808 y lanzó una nueva campaña para recuperar la iniciativa. Con la Grande Armée reorganizada, empujó hacia el interior, tomó Madrid y trató de someter la península mediante una combinación de fuerza militar, ocupación política y castigo ejemplar.

La guerra entró entonces en una segunda fase.

Francia logró imponer progresivamente su dominio en amplias zonas del territorio. La resistencia organizada sufrió golpes severos. En julio de 1809, los aliados anglo-españoles obtuvieron en Talavera un éxito táctico frente a los franceses, aunque no pudieron transformarlo en una victoria estratégica duradera. Mucho más grave fue la derrota española de Ocaña, en noviembre de ese mismo año, que destrozó buena parte del ejército regular y abrió a los franceses el camino hacia Andalucía.

La Junta Suprema Central tuvo que retirarse primero a Sevilla y después a Cádiz. La ciudad fortificada, protegida por el mar, siendo prácticamente una isla, y por la ayuda británica, que diez años antes había intentado asaltarla sin éxito con su flota, se convirtió en el último gran refugio político de la resistencia. Allí, mientras en los campos se combatía con fusiles, hambre y emboscadas, comenzó otra batalla: la de las ideas.

En Cádiz se reunieron las Cortes y se inició un proceso político de enorme trascendencia. En 1812, en plena guerra, nació la Constitución conocida popularmente como La Pepa, por haber sido promulgada el día de San José. Aquel texto proclamaba la soberanía nacional, establecía una división de poderes y afirmaba que la nación debía estar representada en Cortes. Para una España todavía anclada en muchas estructuras del Antiguo Régimen, aquello era una sacudida profunda.

La Constitución de Cádiz no reconocía el habeas corpus con ese nombre, ni como se entendería en el derecho contemporáneo. Sin embargo, sí introducía garantías contra la detención arbitraria. Nadie debía ser privado de libertad sin causa legal, sin orden correspondiente o sin quedar sometido al control de un juez. En espíritu, aquellas medidas respondían a la misma preocupación que anima el habeas corpus: impedir que el poder encierre a una persona sin justificación y sin revisión judicial.

Mientras Cádiz legislaba, la guerra seguía devorando el país.

Los ejércitos franceses controlaban ciudades, caminos y fortalezas, pero rara vez dominaban por completo el territorio. En montes, aldeas, barrancos y sierras, las guerrillas convertían cada avance en un peligro. Cortaban comunicaciones, hostigaban convoyes, castigaban destacamentos aislados y obligaban a los franceses a dispersar fuerzas. La guerra regular se mezcló con una guerra irregular, áspera, cruel y difícil de contener.

A partir de 1812, el dominio francés comenzó a resquebrajarse.

La campaña de Rusia obligó a Napoleón a retirar decenas de miles de soldados de España. La presión en Europa aumentaba. Los recursos del Premier Empire ya no eran infinitos. En la península, los ejércitos británico, portugués y español, dirigidos por Wellington y apoyados por la acción constante de las guerrillas, empezaron a empujar a los franceses hacia la retirada.

El 22 de julio de 1812, al sur de Salamanca, la batalla de los Arapiles anunció el principio del fin. La derrota francesa permitió a los aliados recuperar la iniciativa y mostró que el equilibrio de la guerra había cambiado. Lo que había empezado como una ocupación calculada se convertía ahora en una larga retirada.

Para el resto de Europa, Napoleón todavía era temible, pero ya no parecía invencible.

El 11 de diciembre de 1813, el emperador firmó el Tratado de Valençay. En él reconocía a Fernando VII y a sus sucesores como reyes de España y de las Indias, y aceptaba la integridad del territorio español. El acuerdo buscaba cerrar el frente peninsular en un momento en que Francia necesitaba fuerzas para defenderse en Europa. Pero el regreso de Fernando VII no traería una paz sencilla. El rey volvía a un país arrasado, dividido y transformado por una guerra que había cambiado para siempre la relación entre el trono, la nación y el pueblo.

Las consecuencias fueron inmensas.

En el plano político, la guerra de la Independencia marcó el comienzo del fin del Antiguo Régimen en España. No lo destruyó de inmediato, ni de manera limpia, pero abrió una grieta imposible de cerrar. La soberanía nacional, el constitucionalismo, el liberalismo y la representación política habían entrado en escena. Desde entonces, España viviría entre avances y retrocesos, entre restauraciones absolutistas y revoluciones liberales, entre viejos privilegios y nuevas esperanzas.

En el plano económico, la guerra fue una catástrofe. Las pérdidas humanas fueron enormes. La agricultura quedó dañada por la falta de brazos, la destrucción de campos y el paso continuo de ejércitos. La industria sufrió saqueos, incendios y ruinas provocadas tanto por las tropas francesas como por las británicas. El comercio quedó herido por la destrucción de caminos, puentes e infraestructuras básicas. Muchas ciudades conservaron durante años las cicatrices de la ocupación, los asedios y la represión.

También hubo consecuencias culturales y sociales. Muchos afrancesados, entre ellos hombres de elevada formación y espíritu ilustrado, se vieron obligados a exiliarse al otro lado de los Pirineos para evitar represalias. España perdió así a una parte de sus élites intelectuales y administrativas. Al mismo tiempo, en América, la crisis de la monarquía y el vacío de poder aceleraron procesos políticos que terminarían conduciendo a la emancipación de muchos antiguos reinos y provincias vinculados a la Corona española.

Cuando la guerra terminó, España no era la misma.

Había vencido al invasor, sí. Pero lo había hecho al precio de descubrir sus propias fracturas. Había luchado en nombre de un rey cautivo y había redactado, en su ausencia, una Constitución que limitaba el poder de los reyes. Había defendido la tradición y, al mismo tiempo, había abierto la puerta a la modernidad. Había expulsado a José Bonaparte, pero no pudo expulsar las preguntas que la guerra había dejado atrás.

¿Qué era España? ¿El reino de un monarca absoluto? ¿La nación reunida en Cortes? ¿La patria de los viejos fueros, de la religión y de la obediencia? ¿O una comunidad nueva, nacida entre ruinas, capaz de reclamar derechos incluso mientras ardían sus ciudades?

En esos años, nadie podía responder sin peligro.

Y, sin embargo, todos tuvieron que hacerlo.

Porque en aquella España de caminos destruidos, palacios desconfiados, guerrilleros ocultos, afrancesados perseguidos, liberales gaditanos y soldados extranjeros, cada familia, cada ciudad y cada conciencia fue empujada a escoger un bando.

Algunos lo hicieron por honor.

Otros, por miedo.

Otros, por amor, por hambre, por venganza o por simple supervivencia.

Y hubo quienes descubrieron demasiado tarde que, en tiempos de guerra, incluso permanecer quieto era una forma de tomar partido.

Francisco J. Llatas.